LA EUROPA QUE QUEREMOS
- Tras el estallido de la crisis financiera global de 2008, la larga marcha por la unidad europea se atascó. Para afrontarla se impusieron ineficaces e injustas políticas de austeridad y devaluación salarial que hicieron evidentes las insuficiencias institucionales de la Unión Europea (UE), la creciente división del espacio económico y financiero comunitario y el abandono de los valores de solidaridad y cohesión que habían impulsado el proyecto europeo. El resultado fue una pérdida creciente de confianza de la ciudadanía en un proyecto europeo que multiplicaba las desigualdades y promovía la desregulación y polarización del mercado laboral, la pérdida de derechos laborales y sociales y la extensión de la pobreza.
- La pérdida de rumbo del proyecto europeísta se manifestó de múltiples formas: victoria en referéndum de los partidarios del brexit, incapacidad de alcanzar un acuerdo de política migratoria respetuosa con los Derechos Humanos, fragilidad económica y ascenso político y electoral de una extrema derecha xenófoba defensora del proteccionismo y el nacionalismo excluyente. Un extrema derecha que, en alianza con la derecha ultraconservadora y ultraliberal neosoberanista, pugna por vaciar de competencias a la UE, recuperarlas para los Estados miembros y bloquear las reformas institucionales y de política económica imprescindibles para que el mercado único funcione mejor y el euro deje de ser un mecanismo generador de desequilibrios macroeconómicos que impulsan la competencia fiscal y laboral entre los socios, las divergencias productivas y de renta, el deterioro y la privatización de los bienes públicos en los países del sur de la eurozona y un retroceso generalizado de la protección social y las políticas redistributivas.
- El pasado mes de marzo, la conmoción y las crisis desatadas por la pandemia del covid-19 y la inédita y profunda recesión que comenzaba a gestarse dieron un vuelco a la situación y obligaron a las Instituciones comunitarias a replantearse las políticas aplicadas durante la última década. La primera reacción de la UE había sido de pasividad, abandonando a su suerte a Italia y España, pero cuando la epidemia se convirtió en pandemia y parálisis económica global, las Instituciones comunitarias se movieron con rapidez y rompieron de hecho con las reglas fiscales y las políticas de austeridad impuestas a partir del año 2010. Aunque lo necesario y lo posible siguen estando lejos, Europa se ha dotado de los recursos y herramientas necesarios para iniciar la ingente y compleja tarea de afrontar la pandemia y superar la recesión, tratando de minimizar sus destructivos impactos económicos y sociales. La indignación y la movilización popular que provocaron en la pasada década las políticas de austeridad estaban más que justificadas, pero en la nueva situación y con las nuevas medidas aprobadas por la UE, la acción política y el trabajo cultural de las izquierdas no pueden reducirse a promover la crítica a las insuficiencias de las medidas aprobadas; deben, también, impulsar las transformaciones iniciadas y abrir opciones de reforzar los cambios a favor de las clases trabajadoras, la mayoría social y el proyecto europeísta.
- Europa y el mundo ya están inmersos en una gravísima e inédita crisis sanitaria, económica y social que puede agravarse en lo que resta del año. Están en juego las vidas, los empleos y el bienestar de millones de personas. En España se añaden fragilidades particulares de su estructura productiva y arduos problemas de naturaleza política, territorial e institucional. El acuerdo alcanzado en el Eurogrupo dista mucho de ser satisfactorio pues la flexibilización del límite de déficit no es suficiente y la posible llegada de fondos no condicionados se retrasa. Sin embargo, hemos de reconocer que el Consejo Europeo ha introducido un cambio de orientación fundamental en las medidas propuestas para salir de la actual crisis: se abandonan las políticas de austeridad y se apuesta por el aumento de la inversión. Sin este cambio el escudo social construido por el Gobierno de coalición progresista habría tenido un alcance mucho menor y los impactos de la pandemia habrían sido mucho más destructivos. Sin el plan de reactivación económica aprobado por Europa, España no podría asumir la financiación de un plan de inversiones para superar la recesión económica, modernizar estructuras y especializaciones productivas y acelerar la transición digital y verde. Pero una vez más se está demostrando que la pesada maquinaria europea tarda en reaccionar demasiado; es necesario terminar con el sistema de decisión por unanimidad y, de una vez por todas, anteponer la Europa de los ciudadanos y ciudadanas a la de las empresas.
- Para consolidar el nuevo rumbo europeo, el Gobierno de coalición progresista está obligado a realizar una eficaz, transparente y compartida gestión de los fondos y planes comunitarios para controlar la pandemia y superar la recesión sin dejar a ningún sector social atrás. Pero no se trata sólo de un problema de buena gestión, se trata también de conseguir amplios acuerdos políticos y sociales en torno a nuevas medidas que mejoren las condiciones de vida y trabajo de la mayoría y de promover la acción conjunta de las fuerzas progresistas y de izquierdas con el objetivo de reforzar el protagonismo y la movilización de la ciudadanía y las organizaciones sociales. Faltan muchos pasos por dar y muchas resistencias por superar, pero sin los acuerdos alcanzados por las Instituciones europeas en los últimos meses ningún avance sería posible. Ahora se trata de que los acuerdos comunitarios alcanzados se cumplan, amplíen y profundicen.
- A modo de ejemplo de esta acción común de las izquierdas para impulsar los cambios cabría señalar algunos de sus posibles objetivos:
- Hay que tirar del hilo que proporciona la propuesta de un nuevo pacto verde que lanzó la Comisión Europea en los primeros días de este año 2020, asociado a una financiación común de 1 billón de euros en los próximos 10 años para promover una transición ecológica que haga compatible la descarbonización de la economía, el impulso de las energías renovables y el desarrollo de una nueva estrategia de crecimiento que no se sustente en un consumo abusivo de materiales y energía.
- La Comisión Europea ha dado a conocer una nueva agenda social sustentada en tres pilares que hay que reivindicar y concretar: un salario mínimo europeo, un seguro o reaseguro de desempleo para garantizar una mayor protección de las personas que pierdan sus empleos y una renta mínima europea que impida situaciones de pobreza.
- Se necesita una política migratoria común que suponga una corresponsabilidad efectiva de todos los Estados miembros en el cumplimiento de los Derechos Humanos y un trato respetuoso de las personas migrantes por razones económicas, bélicas o en busca de refugio político.
- El futuro de Europa no está escrito de antemano. El conjunto de la ciudadanía tiene la última palabra para decidir si respalda el bloqueo y las reticencias al cambio que mantienen Gobiernos y sociedades de algunos países del norte de la eurozona o si tiene la capacidad de diluirlas y superarlas en favor de unas reformas que hagan una UE más acogedora, protectora y permeable a los intereses de la mayoría social. Si la UE quiere influir en la gestión de la crisis actual del modelo neoliberal de globalización y en los cambios mundiales en curso, deberá fortalecerse con más cooperación entre los Estados miembros, más cohesión económica, social y territorial y más solidaridad para ofrecer confianza en un futuro en el que las clases trabajadoras y la mayoría social puedan contar con la protección y la solidaridad organizada por las Instituciones públicas. Esa es la tarea europeísta de las fuerzas progresistas y de izquierdas. El proyecto de unidad europea es lo que está en juego y con él nos jugamos nuestro futuro y el de las sociedades abiertas, inclusivas, prósperas y democráticas que queremos.
