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Izquierda Ezkerra apuesta por revertir los 215 millones del Convenio en iniciativas que estén al servicio de la ciudadanía, no al pago de la deuda.
19-01-2018
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Izquierda Ezkerra apuesta por revertir los 215 millones del Convenio en iniciativas que estén al servicio de la ciudadanía, no al pago de la deuda.

Ha anunciado también la presentación de una Proposición de Ley dirigida el Congreso para la derogación de la reforma laboral de 2012.

Esta mañana IE ha dado a conocer aquellos temas en los que la coalición pondrá especialmente el acento en 2018.  Los retos que se marca para lo que queda de legislatura se resumen en impulsar aspectos del  acuerdo programático pendientes o que no se han desarrollado lo suficiente y profundizar en los compromisos en materia de Derechos Sociales, Sanidad, Educación, sectores a los que se ha destinado hasta el momento 300 de los 400 millones de aumento del gasto público.

Para seguir avanzando en estas líneas consideran fundamental despejar una incógnita que tiene el cuatripartito en este momento encima de la mesa: el destino de los 215 millones de ingreso extraordinario procedentes del Convenio, si se destinan al pago de la deuda o es posible dedicarlos a otros capítulos. 

Iñigo Rudi, portavoz de Batzarre y miembro de la coalición, ha recordado que “el acuerdo para el quinquenio 2015-2019 ha llegado con tres años de retraso. Si UPN hubiera hecho bien su trabajo y se hubiera firmado en 2015, ese sobrepago de más de un 20% se hubiese podido aplicar a los presupuestos en 2016 y 2017 para mejorar las políticas sociales y públicas. Se hubiese avanzado a más velocidad en la reversión de recortes y políticas sociales”. 

Desde la coalición se apuesta por invertirlos en políticas sociales: “consideramos que se trata de una decisión política, también viable desde el punto de vista técnico y legal”, ha explicado Iñigo Rudi. 

Ha señalado que en el seno del cuatripartito ya se había decidido que, de producirse esta circunstancia, el destino de estos fondos sería acordado entre los cuatro partidos. Y que la voluntad mayoritaria es dedicar una buena parte a inversiones, dadas las restricciones presupuestarias de los últimos años. 

En segundo lugar, ha explicado que, aunque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impone una serie de condiciones al incremento del gasto, se refiere a los “ingresos que se obtengan por encima de lo previsto” pero nada dice de los ingresos no previstos como es el caso de los 215 millones de € procedentes del Convenio, ingresos extraordinarios que no se volverán a dar. 

Apuesta por una banca pública 

En cuanto al destino de dichos fondos, propone la coalición de izquierdas que una parte vaya a impulsar definitivamente la creación de una banca pública que dinamice económica y socialmente Navarra. Una banca que no excluya a nadie, que sea ética y que genere recursos para fines sociales. La ciudadanía necesita una banca cercana, solvente, en la que confiar. 

Tanto el informe jurídico encargado a técnicos de la UPNA, como las jornadas sobre experiencias en Europa de modelos de banca pública y la encuesta realizada entre entidades en Navarra sobre su implantación, concluyeron que es viable. 

No hay, a juicio de la formación política, ningún obstáculo para iniciar los trámites para su creación, si hay voluntad política. 

Avanzaron que esta entidad, debe ser un banco cien por cien público, con control parlamentario y auditado por la Cámara de Comptos; que dé servicio de depósitos y créditos; que actúe con criterios éticos y sostenibles; que refuerce las políticas públicas y garantice el acceso de todos los ciudadanos de navarra a los servicios financieros en las mejores condiciones posibles; que busque la rentabilidad social sin renunciar a la económica. 

Poner en marcha la Institución supondría alrededor de 18 millones de euros de los 215 del Convenio. 

Como destino posible del resto de fondos del Convenio han avanzado la rehabilitación de vivienda social pública, inversión en infraestructuras (carreteras) e inversiones locales (en colaboración con las entidades locales) con destino a la mejora de en centros escolares, de salud, atención a la dependencia. 

En cuanto a las líneas de actuación para 2018, indicaron su apuesta para que este sea el año de aprobación de una nueva ley que garantice el “derecho efectivo a la vivienda de toda la ciudadanía”, ahondar en el trabajo de Memoria Histórica, paz y Convivencia, reforzar el Servicio Navarro de Salud, mejorar el sistema público de educación, que pasa, a juicio de la coalición por la reversión total de los recortes y por la necesidad de alcanzar un pacto educativo y, finalmente, dar pasos para la implantación en la UPNA de estudios de Medicina, entre otras. 

Propuesta de ley para la derogación de la reforma laboral del 2012 del PP 

Por su parte, Marisa de Simón, portavoz de IU en la coalición Izquierda Ezkerra ha anunciado en la misma rueda de prensa la presentación de una proposición de ley, dirigida al Congreso, de derogación de la reforma laboral de 2012 del PP, que ha desregulado el mercado de trabajo y destruido y precarizado empleo, en los últimos años.

El objeto de la iniciativa, ha explicado, es “tumbar una reforma laboral que liquidó de un plumazo los derechos conseguidos tras años de lucha obrera. Es liquidar el marco de relaciones laborales de la precarización del trabajo, del empelo basura, del despido fácil y barato, del desmantelamiento de la negociación colectiva y acabar con el poder casi sin límite del empresario para despedir fácil y barato,  de reducir los salarios, cambiar jornadas y modificar las tareas y condiciones en el trabajo”.

Izquierda-Ezkerra apuesta por la creación de  empleo, estable y de calidad que será posible rompiendo el marco de relaciones laborales actual.

La coalición ha recurrido a la potestad de los parlamentos autonómicos de presentar iniciativas en el Congreso de los Diputados porque "vemos que esto está paralizado en el Congreso después de que Pedro Sánchez anunciara a bombo y platillo que la primera cosa que haría sería actuar para derrotar esta reforma laboral".

Por su parte, José Miguel Nuin, presente también en la rueda de prensa,  ha justificado el impulso de esta proposición de ley desde el Parlamento de Navarra, a que "el PP junto con Ciudadanos está boicoteando" en la Mesa del Congreso "todas las iniciativas que diferentes grupos están presentando contra leyes aprobadas en la pasada legislatura cuando tenía mayoría absoluta el PP".

Considera que se pueden articular mayorías suficientes en el Parlamento de Navarra para llevar esta Proposición de ley al Congreso de los Diputados por ello ofrecerá a los grupos firmantes del Acuerdo Programático firmarla. Considera que, a juzgar por las posiciones manifestadas se pueden articular mayorías suficientes en el Congreso de los Diputados.

Izquierda-Ezkerra ha resaltado algunos de los contenidos de la reforma laboral de 2012 que pretende derogar, como son la facilitación y abaratamiento del despido (la indemnización por despido improcedente pasó de de 45 días/año, máximo 42 meses, a 33 días/año, máximo 24 meses); aquellas medidas orientadas a reforzar la potestad de las empresas (como son las modificaciones unilaterales por parte de las éstas, la facilitación del contrato parcial, o la movilidad funcional y geográfica); así como el debilitamiento de la capacidad de negociación colectiva.


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