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Moción de IE Atarrabia para pedir la homologación de derechos de las personas en familias de acogida
04-05-2016
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Moción de IE Atarrabia para pedir la homologación de derechos de las personas en familias de acogida


Moción de Izquierda/Ezkerra para solicitar al Gobierno de Navarra la homologación de los derechos de las personas de acogida con los hijos/hijas biológicas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El concepto de “familia de acogida” surge a finales de los años 70, como alternativa al internamiento de los menores en situación de desamparo en diferentes instituciones. Desde la administración pública se ha promovido este modelo, por considerarse que favorece el desarrollo de niños/as y adolescentes. La etapa de cero a seis años es decisiva en la formación emocional de un niño, según coinciden los expertos. Por eso, desde las instituciones se ha potenciado que salgan de los centros residenciales y se críen en familias de acogida. Hasta esa década sólo existían dos tipos de medidas de protección al menor: el acogimiento residencial o la adopción. Desde entonces se ha avanzado mucho en el campo del cuidado de los menores por otra familia que no es la biológica.

Los beneficios para estas personas son innegables, ya que pueden crecer en un entorno propicio para la madurez emocional y psicológica, que sustentará sus cimientos vitales en el futuro: su forma de vivir, de relacionarse, de confiar… Aquellos a quienes no se ofrece la posibilidad de establecer vínculos afectivos estables en la primera infancia ven comprometido su desarrollo no sólo emocional, sino también intelectual e incluso físico. Son, por tanto, doblemente desfavorecidos: lo son durante la infancia y lo serán, con una alta probabilidad, a lo largo de toda su existencia.

En función del tipo de familia, dicho acogimiento puede ser dentro de los propios lazos de sangre o bien en un entorno que no tenga ningún vínculo previo.  En función de quién dicta los acogimientos, puede hacerse por vía administrativa o judicial.  En España, las Comunidades Autónomas, a través de los Servicios Sociales, son las que dictan los acogimientos por vía administrativa. La familia biológica sigue conservando la patria potestad y la tutela del menor, pero cede su cuidado a la administración. En este caso, la administración se encarga de buscar una solución adecuada para cada caso, dando prioridad al acogimiento familiar. El objetivo es el retorno a su familia biológica cuando la situación de los padres/madres se resuelve. Por otro lado, en el acogimiento judicial, los jueces intervienen cuando la familia se opone al acogimiento o se da una situación de abandono, maltrato o explotación del menor.  En estos casos los ascendientes biológicos pueden llegar a perder la custodia o patria potestad del menor, abriéndose también la posibilidad del acogimiento pre-adoptivo.

 

En Navarra, la asociación MAGALE nació en agosto del año 2003 por iniciativa de un grupo de personas con niños/as en acogida, que sentían la necesidad de compartir sus vivencias, aconsejarse en su problemática particular, y que los menores, tanto biológicos  como  acogidos, vieran que existe otro modelo de familia posible. Según recogen en su presentación, la razón de su existencia es promover el acogimiento familiar de todos los niños y niñas que sean susceptibles de ello, y que se encuentren en lista de espera en Hogares y Residencias de la Administración, en especial los que sufran discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, enfermedades crónicas o terminales y los de alto riesgo y procedencia más desfavorecida. Según sus datos, hay 475 niños en desprotección severa, de los cuales 227 están en residencias. El resto, 162 conviven con familiares y 86 están en una familia ajena.

El Instituto Navarro de Bienestar Social (INBS) da  cobertura a los Centros de Observación y Acogida de Menores. Las alternativas son el acogimiento familiar, la adopción o el ingreso en un hogar funcional. Estos últimos son unidades de convivencia en los que residen chicos y chicas con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años provenientes de familias que, por distintas circunstancias, no pueden atenderles adecuadamente en ese momento.

Como en el resto del Estado, aquí también la prioridad, por varias razones, es dar acogida en una familia. La situación, en teoría, es temporal y la finalidad es que vuelva a su familia de origen. La realidad es que muy pocas familias originarias se recuperan para poder volver a tener sus hijos/as, y en muchos casos, el acogimiento se convierte en permanente. Por eso hay que enfatizar que las familias que deciden recibir a un menor en acogida directamente le están dando una segunda oportunidad. Con todo lo que eso significa.

A pesar de esta importante labor, del ahorro económico que supone para la Administración que estos menores convivan en el seno de una familia y del indiscutible beneficio social que representa su integración, se encuentran con una desagradable sorpresa al llegar a su mayoría de edad. Al cumplir los 18 años, su escenario cambia drásticamente y desaparecen de un plumazo los vínculos legales o administrativos con las personas con  quienes han convivido durante muchos años. Los afectivos, con suerte, durarán toda la vida.

 ¿Tiene algún sentido que al llegar ese momento, no se pueda solicitar beca para estudios como para cualquier otro hijo/hija biológica? ¿Tiene algún sentido que al llegar ese momento, los padres/madres no puedan desgravar fiscalmente?¿Tiene algún sentido “ofrecer” la adopción como alternativa (triquiñuela legal)  cuando precisamente la esencia del acogimiento es no romper con la familia biológica, en muchos casos fuente a la que recurren estos menores en su búsqueda por comprender sus difíciles primeros años de vida? ¿Tiene algún sentido mostrar la cara más oscura y antisocial del sistema, precisamente con quienes más necesitan su protección? Desde Izquierda/Ezkerra creemos que no;  y por eso presentamos esta moción, en la que solicitamos al Gobierno de Navarra que:

1.- Inicie una revisión normativa para homologar la situación de las personas en acogida con la de cualquier otro descendiente biológico: posibilidad de acceder a desgravaciones fiscales, sucesiones, donaciones o ser beneficiarios de tarjeta sanitaria (foral o europea) por ejemplo,  al cumplir la mayoría de edad y hasta los 25 años como mínimo.

2.­- Favorezca la reinserción socio/laboral, unida indiscutiblemente a la económica. Ayudas para la emancipación. Es un hecho incuestionable que las tasas de fracaso escolar en estos menores son más elevadas que lo habitual. Durante la mayor parte de su crecimiento necesitan refuerzo con diferentes especialistas de la salud y muchos no consiguen el objetivo. Se requiere un análisis de esa realidad y adopción de medidas para solucionarla

3.- Desarrolle una estructura material y humana estable que informe, oriente y asesore a las familias acogedoras, o futuras familias acogedoras, sobre la problemática del Acogimiento. Con una atención telefónica y presencial que sirva de apoyo y refuerzo para que los obstáculos que van surgiendo en el camino no se conviertan en muros insalvables.

4.- Elabore cuanto antes  el 2º plan de atención a la infancia y adolescencia, como foro de debate, análisis de situación y búsqueda de soluciones por especialistas en el sector. Conviene recordar que han pasado casi quince años desde que se aprobó el anterior.

5.- Lidere la defensa de los derechos de los menores y de las familias que los acojan y vele por el cumplimiento de la Ley del Menor y demás disposiciones legales que en materia de Acogimiento estén vigentes.


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